Crónica de la audiencia inconclusa del caso Odebrecht: Notables imputados entre palacio y palacio

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Pasada las seis de la tarde de este martes y tras más de 24 bajo arresto, fueron trasladados bajo extrema seguridad los 10 flamantes imputados en el caso de corrupción de Odebrecht desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad nueva hacia la augusta sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

De un palacio a otro palacio, como si lo exigiera la nobleza de los prevenidos. Y es que no se trata de gente común y corriente, de simples mortales. Es parte de la cúpula del sistema político partidista de la República Dominicana, esa zona de privilegio rara vez alcanzada por una denuncia y mucho menos por una acusación formal ante la justicia.

Arribando al séptimo piso del monumental edificio fueron aguardados en la Sala Augusta por familiares, amigos y compañeros de partidos, quienes lesdemostraron su apoyo ante la acusación que pesa en su contra por figurar en la lista de quienes habrían recibido sobornos de US$92 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

El entra y sale del gentío, entre agentes de seguridad, abogados, familiares de los acusados y los propios imputados, además de los empleados del tribunal, la sala parecía perder un poco de su habitual solemnidad. Una hora más tarde llegaron los congresistas Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, quienes aún gozan de la inmunidad que les confiere su cargo legislativo, pero decidieron presentarse ante el requerimiento de las autoridades judiciales.

Todo sobre Odebrecht

“No he sido citado, pero al enterarme que otros colegas si lo han sido pues decidí comparecer voluntariamente para presentarme ante el juez y demostrarle mi absoluta inocencia y desvinculación de este o cualquier otro caso que se rija por la ley o la autoridad pública”, manifestó el senador Valentín, de Santiago, tras arribar pasada las 7 de la noche a la Suprema.

Al otro extremo y a la misma hora, Alfredo Pacheco, el reconocido diputado del PRM, cruzó la explanada de manera fugaz sin ofrecer declaraciones a la prensa. Mientras minutos más tarde, Tommy Galán señaló que hablaría con los medios a su salida.

Rayando las ocho de la noche, el personal encargado de organización dentro y fuera de la sala indica que en cualquier momento el juez Francisco Ortega subirá al estrado. Siendo aproximadamente a las 8 y 30 minutos el magistrado Ortega Polanco solicita las calidades de los involucrados y sus abogados.

“Señor Temístocles Montás”, fue la primera llamada de Ortega. Luego llamó a acomodarse a cada uno con sus respectivos abogados.

¨La nulidad¨, pedían al unísono algunos abogados

La bancada del Ministerio Público se encontraba encabezada por la Procuradora Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier.

El Ministerio Público aclaró desde el inició su inclinación a una suspensión de la audiencia que conocería la solicitud de coerción, lo que fue apoyado por todos los abogados quienes se adhirieron al punto presentado no sin antes manifestarse.

“No conocer el expediente instrumentado por la Procuraduría General de la de la República”, fue uno de los alegatos más recurrentes de los abogados de la bancada de la defensa.

Al tiempo solicitaron la nulidad de la audiencia que implicaría la libertad de los apresados, siendo este denegado por el magistrado de la jurisdicción especial.

Tras un receso de 10 minutos que se convertirían en 20, uno a uno los abogados hiciero uso de la palabra con la autorización del juez que sería el micrófono del lateral derecho.

Las defensas se extendían para argumentar la misma posición, “nulidad o aplazamiento para empoderarse del expediente instrumentado contra sus defendidos”.

Sin embargo, uno de los juristas se acordó de que faltaba uno de los imputados. “No podemos instrumentar un expediente cuando uno de los imputados no se encuentra y no se puede defender”.

Bernardo Castellanos que figura en la orden y el expediente por vínculos con la empresa Odebrecht, se encuentra fuera del país, pues trabaja en Panamá. Ha avisado que se pondría a disposición de la justicia tan pronto organice sus cosas en el país centroamericano.

Defensores públicos

Sorprendido se mostró el juez Ortega al enterarse que el encartado Castellanos no se encontraba en la audiencia, por lo que pidió que algún defensor público presente se apoderara de la defensa del señalado por corrupción.

“Asumimos la defensa del señor Bernardo Antonio Castillo”, dijo minutos después una abogada del Estado que se encontraba en la sala especial de la Suprema Corte de Justicia.

Esto fue calificado como una “estrategia” del Ministerio Público para mantener al caso a pesar de la “violación de las leyes”, según manifestaron abogados de la defensa.

“Como sabían que íbamos a pedir la nulidad por la inasistencia del acusado Castellanos, trajeron un defensor público para que se apodere y no sea posible”, agregaron.

Ortega requirió su defensa y continuó.

¨Rechaza pedimento de nulidad¨

“Esa es la decisión del juez”, marcó con el mayete el receso y rechazo de nulidad del conocimiento de la coerción, establecida por el magistrado Ortega pasado la una madrugada del miércoles.

Las 5 de la tarde fue la hora pautada para el seguimiento de la audiencia de conocimiento de coerción contra los señalados.

El caso Odebrecht en la República Dominicana

Según la orden número 0037, las personas en el documento emitido el pasado 26 de por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, constituido por el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, son acusados por violación a las leyes dominicanas de Lavado de activos, Sobornos, Declaración jurada de bienes, Código Penal y la Constitución.

Los imputados son Alfredo Pacheco Osoria, actual Diputado de la República desde el año 2016, y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1994 al 2006, período en el que ostentó su Presidencia por 3 años, del año 2003 al 2006;

Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la Constructora Norberto Odebrecht desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los sobornos en la República Dominicana;

Bernardo Antonio Castellanos de Moya, director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;

César Domingo Sánchez Torres, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 2000 al 2002 y luego Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2002 al 2004;

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, abogado, representante de la sociedad Newport Consulting LTD;

Juan Roberto Rodríguez Hernández, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2002 al 2004;

Juan Temístocles Montás Domínguez, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1996 al 2000; Secretario Técnico de la Presidencia del año 2004 al 2007, Ministro de Economía Planificación y Desarrollo del 2010 al 2016 y actual Ministro de Industria, Comercio y Mipymes;

Julio César Valentín Jiminián, actual Senador de la República desde el año 2010; y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1998 al 2010, periodo en el que ostentó la Presidencia de dicha Cámara por 4 años, del año 2006 al 2010;

Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;

Porfirio Andrés Bautista García, Senador de la República del año 1994 al 2010 y quien ocupó la Presidencia del Senado por 5 años, del año 2001 al 2006;

Ramón Radhamés Segura, Administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1998 al 2000, y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al año 2009;

Ruddy González, Diputado de la República del a?o 2002 al 2016 y miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado durante los años 2010 y 2016;

Tommy Alberto Galán Grullón, miembro de la Cámara de Diputados del año 2002 al 2006, actual Senador de la República desde el año 2006 y miembro de su Comisión de Hacienda durante casi 10 años, del 2006 al 2014 y del 2016 a la fecha;

y Víctor José Díaz Rúa, Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2004 al 2007 y Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del año. Asimismo, es el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

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1 respuesta

  1. junio 16, 2017

    […] élite política no ha permitido la democracia interna, a tal punto que seguimos viendo esos mismos actores en los […]

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